César Gaviria lanza duro ataque contra Petro y afirma que la paz total terminó fortaleciendo al narcotráfico y debilitando al Estado
El expresidente César Gaviria volvió a ubicarse en el centro del debate político nacional tras publicar un extenso pronunciamiento en el que cuestionó con severidad la política de paz total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. En el documento, el jefe del Partido Liberal Colombiano aseguró que las decisiones tomadas por el Ejecutivo frente a grupos armados y organizaciones narcotraficantes han terminado favoreciendo el fortalecimiento criminal y representan, según sus palabras, “una rendición del Estado frente al narcotráfico”.
El exmandatario reaccionó especialmente a la solicitud del Gobierno de suspender órdenes de captura y procesos de extradición contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos su máximo comandante, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”. Para Gaviria, la medida constituye una concesión política y judicial sin precedentes a una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
“Esto no es un gesto de paz. Es una concesión política y judicial a la organización narcotraficante más poderosa del país, con consecuencias gravísimas para el Estado de derecho, la credibilidad internacional de Colombia y la integridad del proceso electoral”, afirmó el exjefe de Estado.
En su pronunciamiento, Gaviria recordó que desde el inicio del actual gobierno manifestó reparos frente a la estrategia de paz total, argumentando que se diseñó sin líneas rojas claras, sin condiciones verificables y sin mecanismos sólidos de exigencia para las organizaciones armadas ilegales.
Según el dirigente liberal, el tiempo terminó confirmando esas advertencias. A su juicio, lejos de debilitarse, grupos como el Clan del Golfo aprovecharon los espacios de negociación para ampliar su control territorial y fortalecer sus estructuras financieras y militares.
“Advertimos que negociar sin condiciones claras, sin límites jurídicos y sin resultados verificables terminaría fortaleciendo a las estructuras armadas ilegales. Eso fue exactamente lo que ocurrió”, señaló.
Gaviria sostuvo que mientras el Gobierno hablaba de paz y diálogo, varias organizaciones criminales expandieron su presencia en regiones estratégicas del país, consolidaron economías ilegales y aumentaron su capacidad de intimidación sobre comunidades locales.
Además, cuestionó duramente lo que considera una contradicción del Ejecutivo frente a alias “Chiquito Malo”. Recordó que meses atrás el propio presidente Petro lo presentó ante autoridades internacionales como uno de los principales objetivos de la lucha contra el narcotráfico y ahora, según afirmó, el mismo gobierno busca frenar acciones judiciales en su contra.
“Hace apenas unos meses, el propio presidente Petro presentó ante las autoridades estadounidenses a alias Chiquito Malo como uno de los principales objetivos de captura del Estado colombiano. Hoy, ese mismo gobierno pide detener las medidas judiciales en su contra”, expresó.
Para el exmandatario, este cambio de postura afecta seriamente la confianza internacional en Colombia y transmite un mensaje negativo sobre el funcionamiento de la justicia y la lucha contra el crimen organizado.
“Envía un mensaje devastador: en el país los grandes capos terminan recibiendo más garantías que las víctimas”, agregó.
Otro de los puntos más sensibles del comunicado fue la defensa de la separación de poderes. Gaviria afirmó que ninguna decisión administrativa del Ejecutivo debería interferir con competencias judiciales relacionadas con órdenes de captura, extradiciones o investigaciones penales.
“Ninguna resolución administrativa del Ejecutivo puede reemplazar las competencias de la justicia ni interferir en decisiones que corresponden a las autoridades judiciales”, advirtió.
En ese sentido, sostuvo que la separación de poderes no constituye un simple formalismo jurídico, sino uno de los pilares esenciales del sistema democrático colombiano. Según dijo, cualquier intento de alterar ese equilibrio pone en riesgo la institucionalidad y debilita la confianza ciudadana en el Estado.
El expresidente también expresó preocupación por el momento político en el que se producen estas decisiones. A pocos meses del nuevo proceso electoral, Gaviria considera que el fortalecimiento territorial de grupos armados ilegales podría afectar las garantías democráticas en distintas regiones del país.
“Los colombianos tienen derecho a saber que ninguna estructura criminal tendrá capacidad de presión, influencia o intimidación sobre las regiones donde históricamente estos grupos ejercen control territorial. La democracia no puede quedar bajo la sombra de organizaciones armadas ilegales”, afirmó.
El comunicado también incluyó una referencia al asesinato del periodista Mateo Pérez, presuntamente perpetrado por integrantes de estructuras disidentes vinculadas a alias “Calarcá”. Gaviria utilizó este hecho para insistir en que la política de paz total no ha reducido la violencia y, por el contrario, ha coincidido con un aumento del poder de intimidación de algunos grupos ilegales.
“Mientras su familia hoy llora y vela su cuerpo, Colombia vuelve a enfrentarse a la realidad dolorosa de una política que, lejos de debilitar a los grupos armados ilegales, terminó ampliando su capacidad de intimidación, control territorial y violencia contra la población civil”, señaló.
A lo largo del documento, el exmandatario también cuestionó la ausencia de resultados tangibles en los procesos de negociación adelantados por el Gobierno. Según indicó, no se han producido desmovilizaciones masivas ni reducciones sostenidas de violencia que justifiquen las concesiones entregadas a organizaciones criminales.
Para Gaviria, el país atraviesa un momento de creciente incertidumbre en materia de seguridad, marcado por disputas territoriales, expansión del narcotráfico y fortalecimiento de economías ilegales en distintas zonas del territorio nacional.
Finalmente, el jefe liberal pidió que las instituciones actúen con independencia y responsabilidad frente a decisiones que, según él, comprometen la seguridad nacional, la estabilidad democrática y la legitimidad del sistema judicial colombiano.
“Una paz que premia a los victimarios mientras debilita la justicia no es paz. Es la renuncia del Estado a defender a los ciudadanos”, concluyó.
Las declaraciones de Gaviria vuelven a evidenciar la creciente polarización alrededor de la política de paz total del gobierno Petro. Mientras sectores afines al Ejecutivo sostienen que los diálogos buscan reducir décadas de conflicto armado y abrir espacios de negociación con actores ilegales, voces críticas aseguran que la estrategia ha generado vacíos institucionales y fortalecido a organizaciones criminales que continúan expandiendo su poder territorial y económico en diferentes regiones del país.
