El cuidado entra al centro del debate electoral: propuestas, vacíos y el reto de financiar un sistema en Colombia
En medio de una campaña marcada por discusiones sobre economía, seguridad y reformas estructurales, el tema del cuidado comienza a ganar un lugar más visible en la agenda pública. No se trata de un asunto menor: la transformación demográfica del país —caracterizada por la reducción de la natalidad, el envejecimiento progresivo de la población y la disminución del tamaño de los hogares— está reconfigurando las dinámicas sociales y económicas, con impactos directos sobre millones de personas, especialmente mujeres.
La historia cotidiana de muchas colombianas ilustra esta realidad. Jornadas laborales extendidas, combinadas con la responsabilidad de cuidar a hijos, adultos mayores o familiares enfermos, configuran una carga que sigue siendo en gran medida invisible y no remunerada. Este fenómeno no solo refleja desigualdades persistentes, sino que se conecta con problemáticas estructurales como la informalidad laboral, la pobreza, la exclusión territorial y la limitada participación política femenina.
En este contexto, las propuestas de Gustavo Petro Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Claudia López permiten trazar un mapa de cómo se está abordando —o dejando de abordar— el cuidado dentro de los planes de gobierno. Más allá de las diferencias ideológicas, el análisis puede organizarse a partir de tres preguntas clave: si reconocen la transición demográfica, si articulan sus propuestas con las instituciones existentes y si plantean de manera concreta cómo financiar sus iniciativas.
De acuerdo con marcos conceptuales promovidos por CEPAL y ONU Mujeres, las respuestas institucionales frente al cuidado pueden clasificarse en tres niveles: programas aislados, políticas articuladas y sistemas integrales con financiamiento y gobernanza definidos. Bajo esta lógica, las propuestas de los candidatos se distribuyen en tres grandes enfoques: estructural, focalizado y discursivo.
El enfoque estructural concibe el cuidado como un derecho y propone la creación de sistemas integrales. En este grupo se ubican Sergio Fajardo y Claudia López. Fajardo plantea fortalecer un Sistema Nacional de Cuidado con respaldo normativo y recursos, además de impulsar su implementación a nivel local en distintos municipios, integrando servicios para la primera infancia, personas mayores y población dependiente. López, por su parte, retoma el enfoque de las “3R” —reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado— y propone consolidar redes territoriales basadas en experiencias previas, articuladas con políticas de protección social.
Un segundo enfoque agrupa propuestas de carácter focalizado. Paloma Valencia plantea medidas concretas como la creación de centros de atención infantil en zonas específicas, la formalización laboral de cuidadoras y la ampliación de licencias de paternidad. En una línea similar, Abelardo de la Espriella propone subsidios dirigidos a poblaciones vulnerables, programas de formación masiva y la creación de registros que permitan dimensionar la economía del cuidado. Aunque estas iniciativas responden a necesidades puntuales, no configuran un sistema articulado a nivel nacional.
El tercer enfoque se caracteriza por una fuerte carga discursiva. Gustavo Petro Cepeda ha insistido en la necesidad de reconocer el cuidado como un pilar del desarrollo social y ha planteado la idea de un sistema nacional. Sin embargo, su propuesta carece de suficiente desarrollo técnico en cuanto a instrumentos de implementación y, especialmente, en lo relacionado con su sostenibilidad financiera.
Precisamente, la financiación emerge como el principal punto ciego compartido entre las distintas propuestas. Aunque algunos planteamientos hacen referencia a marcos existentes de política pública, pocos abordan con claridad el costo real de construir un sistema de cuidado robusto. Estimaciones internacionales sugieren que un modelo integral en Colombia podría requerir una inversión cercana al 3,4 % del Producto Interno Bruto hacia 2035, una cifra que obliga a replantear prioridades fiscales y mecanismos de financiamiento.
Las implicaciones de este vacío son significativas. En primer lugar, reformas estructurales como la pensional, la laboral o la de salud dependen, en gran medida, de cómo se resuelva la organización social del cuidado. Sin servicios que redistribuyan estas tareas, la participación laboral femenina seguirá limitada, afectando la sostenibilidad económica del país. En segundo lugar, las propuestas que no contemplan fuentes de financiación claras corren el riesgo de quedarse en el terreno de las promesas. Y, en tercer lugar, el avance de la transición demográfica debilita progresivamente las redes familiares que históricamente han asumido estas funciones sin respaldo estatal.
El reconocimiento del cuidado en los discursos políticos marca un avance en la conversación pública, pero no garantiza transformaciones reales. La diferencia entre una propuesta y una política efectiva radica en su capacidad de traducirse en acciones concretas, con recursos asignados, instituciones responsables y mecanismos de seguimiento.
En un país donde el cuidado ha sido sostenido mayoritariamente por el trabajo no remunerado de las mujeres, el desafío no es solo visibilizar el problema, sino construir soluciones viables. La discusión ya no pasa por si el cuidado debe ser una prioridad, sino por cómo convertirlo en un sistema sostenible que responda a las demandas del presente y del futuro.
