Gobierno Petro propone mover más de $25 billones hacia Colpensiones: debate sobre el futuro del ahorro pensional
En medio de la incertidumbre que aún rodea la implementación de la reforma pensional, el Gobierno del presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa un proyecto de decreto que ha encendido un intenso debate nacional. La iniciativa, publicada por el Ministerio de Trabajo, plantea el traslado de más de 25 billones de pesos desde las cuentas de ahorro individual administradas por los fondos privados hacia Colpensiones, correspondientes a trabajadores que decidieron cambiarse al régimen público aprovechando la llamada “ventana de oportunidad”.
La propuesta ha generado una inmediata reacción por parte del sector privado. Desde Asofondos, su presidente Andrés Velasco advirtió que esta decisión podría alterar la naturaleza de esos recursos, que originalmente fueron concebidos como ahorro pensional individual y no como fuente de financiación presupuestal del Estado.
El trasfondo jurídico y la reforma suspendida
La discusión se enmarca en lo dispuesto por la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional impulsada por el actual Gobierno. Aunque varios apartados de la norma fueron suspendidos por la Corte Constitucional mientras estudia su exequibilidad, el artículo 76 —que habilita la ventana de traslado entre regímenes— quedó vigente.
Ese artículo permitió que miles de afiliados reconsideraran su permanencia en el sistema privado y optaran por trasladarse al régimen público. Sin embargo, el corazón de la controversia no es el traslado en sí, sino el destino y la administración de los recursos acumulados por esos trabajadores durante años de cotización.
Según la interpretación de Asofondos, la norma establece que esos dineros deben mantenerse como ahorro y solo trasladarse al fondo que administrará el Banco de la República cuando el afiliado alcance la edad de pensión. Dicho fondo, no obstante, aún no está en funcionamiento y su estructuración depende de la decisión definitiva de la Corte.
¿Ahorro pensional o caja presupuestal?
El punto más sensible del debate es el riesgo —según advierten los críticos del proyecto— de que, al ingresar los recursos a Colpensiones antes de que exista el fondo administrado por el Banco de la República, estos puedan terminar integrándose a la dinámica presupuestal del Estado.
En términos prácticos, algunos sectores consideran que trasladar los recursos ahora podría liberar espacio fiscal equivalente al monto transferido, lo que permitiría al Gobierno utilizar recursos propios para otros fines. Esta hipótesis ha sido calificada por el gremio de fondos privados como un posible desvío del espíritu de la ley, pues el dinero pertenece a los afiliados y tiene destinación específica: garantizar su pensión futura.
Desde el Gobierno, la defensa del proyecto se enmarca en la necesidad de avanzar en la implementación del nuevo modelo pensional y de respetar la decisión de quienes optaron por el régimen público. Sin embargo, la ausencia de un fondo independiente plenamente operativo introduce un elemento de tensión institucional.
La “ventana de oportunidad”: origen de la controversia
La llamada ventana de oportunidad surgió como una medida excepcional tras la suspensión parcial de la reforma por parte de la Corte Constitucional. El alto tribunal permitió que, durante dos años, los trabajadores pudieran trasladarse entre regímenes, buscando proteger derechos adquiridos y brindar seguridad jurídica en medio del cambio normativo.
Este punto ha sido históricamente polémico. Los traslados entre fondos privados y el régimen público han estado rodeados de litigios, especialmente en casos donde afiliados argumentan que no recibieron doble asesoría o información suficiente para tomar una decisión informada. La reforma buscaba precisamente corregir vacíos en ese proceso, pero ahora la discusión se traslada al terreno fiscal y administrativo.
Un debate que trasciende lo técnico
Más allá de la interpretación jurídica, el proyecto abre un debate político de fondo: ¿cómo equilibrar la sostenibilidad fiscal del Estado con la protección estricta del ahorro individual? ¿Puede el Gobierno garantizar que esos recursos no se diluyan en el gasto corriente mientras se crea el nuevo fondo de ahorro?
La decisión final de la Corte Constitucional será determinante no solo para el futuro de la reforma pensional, sino también para la arquitectura institucional que manejará billonarios recursos de los trabajadores colombianos.
En un país donde la confianza en el sistema pensional ha sido históricamente frágil, cualquier movimiento que afecte el destino de los ahorros genera preocupación legítima. El desafío para el Ejecutivo será demostrar que las decisiones administrativas no comprometerán la seguridad de los afiliados, mientras que los órganos de control y el alto tribunal deberán examinar con lupa cada paso.
Lo que está en juego no son únicamente cifras fiscales, sino la estabilidad y credibilidad del sistema pensional colombiano en su conjunto.
