Crece la controversia por la Superintendencia de Salud y piden indagar a Laura Sarabia por presunta injerencia en nombramientos
El debate político alrededor del manejo de la Superintendencia de Salud volvió a escalar tras la radicación de una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue a Laura Sarabia Torres, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido y exfuncionaria de máxima confianza del presidente Gustavo Petro durante buena parte de su mandato.
La acción fue presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas y se sustenta en las declaraciones públicas realizadas por el propio jefe de Estado y por el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quienes han señalado la existencia de presuntas presiones para influir en la designación de interventores y otros cargos estratégicos dentro del organismo de control del sistema de salud.
Según el documento radicado, los señalamientos apuntan a un posible entramado de decisiones administrativas que habrían incidido en la intervención de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS). De acuerdo con esta versión, los funcionarios designados para asumir el control de dichas entidades habrían tenido la tarea de administrar recursos y tomar decisiones clave en un contexto marcado por tensiones políticas y financieras dentro del sector.
La queja disciplinaria recoge las afirmaciones del presidente Petro, quien ha sugerido que el proceso de selección de interventores no habría sido completamente ajeno a intereses políticos. En ese escenario, el nombre de Laura Sarabia aparece vinculado a las controversias internas que se habrían producido en el alto Gobierno alrededor del manejo del sector salud y la revisión de las cuentas de las EPS intervenidas.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia tiene que ver con un presunto direccionamiento de contratos y decisiones administrativas, que habría ocurrido en medio del proceso de auditoría y control a las EPS. Según las versiones recogidas en la queja, parte de ese entramado podría estar relacionado con una empresa creada en el exterior, concretamente en España, lo que amplía el alcance de las investigaciones y añade un componente internacional al caso.
La apertura de este frente disciplinario tiene un impacto político significativo, no solo por el cargo diplomático que actualmente ocupa Sarabia, sino por su cercanía histórica con el presidente Petro y su rol en decisiones clave del Ejecutivo. La controversia, además, se produce en un momento de alta sensibilidad política para el Gobierno, marcado por cuestionamientos internos y externos sobre la transparencia en la gestión del sistema de salud.
Ante los señalamientos, Laura Sarabia decidió acudir a la Fiscalía General de la Nación para solicitar formalmente que se practiquen diligencias que, según su defensa, permitirían esclarecer los hechos y desvirtuar cualquier acusación en su contra. A través de su abogada, Lina Sandoval, pidió que sean llamados a declarar tanto el presidente Gustavo Petro como el exsuperintendente Luis Carlos Leal, con el objetivo de que sustenten con pruebas las afirmaciones realizadas públicamente.
La defensa aseguró que ya se han entregado conversaciones digitales que demostrarían que Sarabia no tuvo injerencia en la designación de interventores del sector salud. Además, sostiene que su clienta ha sido blanco de una serie de versiones imprecisas y desinformación que han contribuido a alimentar el escándalo mediático.
Dentro de las solicitudes elevadas ante la Fiscalía, se incluyó la práctica de una declaración juramentada del presidente Petro, para establecer el origen de la información que dio pie a los señalamientos. Para la defensa, este punto es fundamental, pues permitiría determinar si las acusaciones se basan en hechos verificables o en interpretaciones erróneas transmitidas dentro del Gobierno.
Adicionalmente, se solicitó el análisis de registros de cámaras de seguridad del Palacio de Nariño y de comunicaciones digitales correspondientes al 30 de octubre de 2024, fecha que, según la versión de la defensa, resulta clave para entender el desarrollo del caso. Ese día se habrían realizado reuniones en el despacho presidencial en las que participaron altos funcionarios del sector salud, convocados para explicar el origen de las hojas de vida de los interventores cuestionados.
La defensa también recordó que, en agosto de 2024, Laura Sarabia emitió una directriz interna en la que dejó claro que ninguna persona estaba autorizada para impartir instrucciones en su nombre y que cualquier orientación debía ser previamente verificada, lo que, a su juicio, contradice las versiones sobre presuntas presiones indebidas.
Mientras la Procuraduría evalúa si abre una investigación formal, el caso sigue creciendo en el escenario político y plantea interrogantes de fondo sobre la transparencia en los nombramientos, el manejo del sistema de salud y las tensiones internas dentro del Gobierno. El desenlace de este proceso podría tener repercusiones no solo disciplinarias, sino también políticas, en un momento clave para la credibilidad del Ejecutivo.
