Sanciones por más de $2.100 millones ponen en el foco la gestión de exinterventor de Nueva EPS
La gestión de Bernardo Camacho al frente de la Nueva EPS sigue generando efectos judiciales y políticos. Durante su periodo como agente interventor, entre 2024 y 2025, acumuló multas que superan los 2.117 millones de pesos por incumplimientos a fallos de tutela, en uno de los episodios más delicados para la EPS con mayor número de afiliados en el país.
Las sanciones, registradas en las oficinas de cobro coactivo de la Rama Judicial, se concentraron principalmente entre enero y julio de 2025. A este monto se suman cerca de 196 millones de pesos en procesos por desacato relacionados con Luis Fernando Bernal, quien también ejercía funciones de representación en la entidad.
Incumplimientos reiterados y presión judicial
Aunque las multas recaen sobre personas naturales y no directamente sobre la entidad, el volumen de sanciones refleja dificultades estructurales en el cumplimiento de órdenes judiciales, especialmente aquellas relacionadas con la garantía del derecho a la salud.
Los procesos se originaron en acciones de tutela interpuestas por usuarios, lo que evidencia una brecha entre las decisiones judiciales y su ejecución en terreno. La información fue confirmada por el Consejo Superior de la Judicatura, en respuesta a solicitudes formales dentro de procesos en curso.
Uno de los elementos que agrava el panorama es que Camacho no habría pagado estas multas, debido a que los montos superan el patrimonio que reportó al asumir el cargo, lo que deja en el aire la recuperación efectiva de esos recursos.
El caso escala al plano político
La situación no se limita al ámbito judicial. El nombramiento de Camacho como superintendente de Salud, posterior a su paso por la intervención de Nueva EPS, llevó a que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fuera llamado a rendir explicaciones ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La designación se dio en un contexto sensible: Jaramillo ejercía funciones presidenciales encargadas y ya existían cuestionamientos sobre la gestión de Camacho en la EPS. Este hecho elevó el caso a un nivel poco habitual dentro del control político a miembros del gabinete.
Para evitar conflictos de interés en las investigaciones relacionadas con la crisis de Nueva EPS, se designó una superintendencia ad hoc liderada por Luz María Múnera, separando a Camacho de decisiones sobre la entidad que previamente había administrado.
Reuniones clave en medio de la crisis del sistema
En paralelo a estos cuestionamientos, el entonces superintendente participó en una serie de reuniones estratégicas convocadas por el Ministerio de Salud con interventores de varias EPS.
Entre enero y marzo de este año se realizaron al menos nueve encuentros en los que se abordaron temas críticos como el flujo de recursos, la contratación con redes públicas, el suministro de medicamentos, las quejas de usuarios y los indicadores de gestión.
En estas reuniones estuvieron involucradas entidades como Famisanar, Capresoca, Asmet Salud, Coosalud, Emssanar, Savia Salud y SOS, en un contexto en el que el Estado mantiene bajo intervención a una parte significativa del sistema de salud.
Salida del cargo y transición en la supervisión
Camacho dejó la Superintendencia a mediados de abril, en medio de crecientes cuestionamientos y a pocos meses del cierre del actual Gobierno. Su salida marca un punto de inflexión en la administración del sistema intervenido.
La responsabilidad recae ahora en Daniel Quintero, quien asumirá temporalmente la supervisión de estas entidades en un periodo limitado, pero clave para definir el rumbo de las EPS intervenidas.
Un sistema bajo presión
El caso de Nueva EPS vuelve a poner en evidencia uno de los principales desafíos del sistema de salud: la capacidad de cumplir de manera efectiva las decisiones judiciales.
Las tutelas siguen siendo un mecanismo recurrente para garantizar servicios, y su incumplimiento no solo genera sanciones, sino que expone fallas en la operación del sistema.
En este escenario, las millonarias multas no son solo una cifra: reflejan tensiones estructurales entre la gestión administrativa, el control estatal y la garantía de derechos fundamentales para millones de usuarios.
