La exclusión de Iván Cepeda de la consulta acelera la fragmentación del petrismo y altera la ruta hacia 2026
La determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la participación de Iván Cepeda en la consulta presidencial del Frente por la Vida, prevista para el 8 de marzo, produjo un efecto dominó dentro del espectro político de izquierda. Más allá del impacto personal sobre el senador, la decisión desbarató el plan que el petrismo venía estructurando para llegar cohesionado a la contienda presidencial de 2026.
La apuesta del presidente Gustavo Petro era reeditar el libreto que lo llevó al poder en 2022: una gran consulta que concentrara a las distintas corrientes de izquierda y centroizquierda, maximizara la movilización electoral y definiera un liderazgo único con suficiente legitimidad popular. Ese escenario quedó abruptamente descartado con la salida de Cepeda del mecanismo interno.
Ante el fallo del CNE, el senador optó por una ruta alternativa: inscribirse directamente para la primera vuelta presidencial. Aunque logró el respaldo inmediato del Pacto Histórico y de los sectores más afines al proyecto gubernamental, su ausencia en la consulta dejó al Frente por la Vida debilitado en términos de convocatoria, estructura y capacidad de arrastre electoral.
La reacción no se hizo esperar. Roy Barreras, uno de los principales promotores de la consulta, decidió persistir en la iniciativa y anunció que, en cuestión de días, presentará un nuevo listado de aspirantes para mantener vivo el ejercicio electoral. Entre los nombres que baraja se encuentran figuras femeninas, un exconstituyente y el exministro Juan Fernando Cristo. Barreras ha dejado claro que el 8 de marzo será una fecha clave para definir el rumbo de su aspiración presidencial.
En paralelo, Carlos Caicedo, con una maquinaria política consolidada en el Magdalena y otras zonas del Caribe, confirmó que competirá por fuera de cualquier consulta, apostándole directamente a la primera vuelta. El resultado inmediato es una izquierda atomizada, con múltiples candidaturas y sin un escenario común de competencia previa.
Esta división genera inquietud en varios sectores del petrismo, conscientes de que la ausencia de una consulta unificada reduce la capacidad de mostrar músculo electoral en marzo, un mes que se perfila como decisivo para medir fuerzas frente a la derecha y la centroderecha. Sin ese termómetro, la izquierda pierde una vitrina clave para posicionar su proyecto político de manera temprana.
La preocupación no es infundada. En la consulta de octubre pasado, la contienda entre Iván Cepeda y Carolina Corcho logró llevar a las urnas a cerca de 2,8 millones de votantes, pese a las limitaciones logísticas y a la dispersión interna. Ese antecedente alimentaba la expectativa de que una consulta más amplia en marzo pudiera consolidar a la izquierda como una de las fuerzas más votadas del país.
Roy Barreras ha sido uno de los más insistentes en advertir los riesgos de abandonar ese escenario. En comunicaciones internas dirigidas al Pacto Histórico, señaló que dejar sin competencia a la consulta de la derecha podría permitir que ese bloque concentre una votación masiva y marque la agenda política desde el inicio formal del calendario electoral.
Además del impacto presidencial, la falta de una consulta también tiene implicaciones directas sobre las elecciones legislativas. Sin una figura presidencial fuerte en marzo, las listas al Senado y a la Cámara del Pacto Histórico pierden el impulso que suele generar el llamado “arrastre” electoral, un factor determinante en la conformación de mayorías en el Congreso.
Desde el punto de vista de los sondeos, la salida de Cepeda del escenario de la consulta es especialmente sensible. Analistas políticos coinciden en que el senador era el aspirante con mayor reconocimiento nacional, mejor posicionamiento en encuestas y una estructura territorial que difícilmente puede ser reemplazada en el corto plazo. Sin su presencia, los otros precandidatos enfrentarían serias dificultades para superar los tres millones de votos.
El propio Iván Cepeda también enfrenta consecuencias concretas. Aunque aseguró una reposición de votos cercana a los 10.000 millones de pesos tras la consulta de octubre, quedó por fuera de un mecanismo que le habría permitido acceder a una bolsa significativamente mayor de recursos. De acuerdo con cálculos citados por sectores del Congreso, una consulta con mayor participación podría haberle representado alrededor de 20.000 millones de pesos adicionales en reposición, teniendo en cuenta el valor fijado por el CNE para cada voto.
En términos financieros, la exclusión del senador no es un detalle menor. Esos recursos habrían servido como un respaldo clave para una campaña presidencial que, ahora, deberá financiarse sin el impulso económico y simbólico que ofrece una consulta popular.
Con este panorama, la izquierda entra en una fase de redefinición acelerada. La falta de unidad, las tensiones internas y la ausencia de un liderazgo claramente legitimado por las urnas anticipan una carrera presidencial cuesta arriba para el petrismo, que deberá decidir si insiste en la fragmentación o logra, contrarreloj, reconstruir un proyecto común de cara a 2026.
