El Senado retoma actividades en pleno receso para revisar la emergencia económica decretada por el Ejecutivo
En medio del receso legislativo de fin de año, el Senado de la República fue convocado a una sesión extraordinaria que podría marcar el rumbo del decreto de emergencia económica firmado por el presidente Gustavo Petro el pasado 22 de diciembre. La decisión, adoptada por el presidente del Congreso, Lidio García, abrió un nuevo capítulo de tensión entre el Legislativo y el Gobierno nacional.
La sesión, programada para este viernes 26 de diciembre y convocada de manera virtual, tiene como punto principal del orden del día la comunicación de ascensos en las Fuerzas Militares y de Policía. Sin embargo, la citación también contempla un espacio para que los senadores se pronuncien sobre la declaratoria de emergencia, una medida que fue expedida en un momento en el que el Congreso se encontraba en receso y la Corte Constitucional en vacancia judicial.
La convocatoria se produjo tras la insistencia de sectores de la oposición, que consideran indispensable ejercer control político de forma inmediata. Uno de los promotores fue el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien solicitó formalmente la sesión al advertir que la declaratoria plantea interrogantes sobre sus motivaciones y sobre los impactos que podría tener en la estabilidad económica del país.
Motoa anunció que durante la sesión presentará una proposición para convocar un debate de control político en el Senado. El objetivo, según explicó, es analizar a fondo el contenido del decreto, las razones del Gobierno para acudir a esta figura excepcional y las consecuencias fiscales y económicas que podrían derivarse de su aplicación.
El congresista fundamentó su postura en la Constitución de 1991, señalando que el control político es una función permanente del Congreso y no está limitada por los periodos de receso legislativo. Aclaró que, a diferencia de la aprobación de leyes, la vigilancia y el control sobre los actos del Ejecutivo pueden ejercerse en cualquier momento.
La decisión del presidente del Senado no pasó desapercibida en el Gobierno nacional. Desde el Ejecutivo se cuestionó la legalidad y la oportunidad de la sesión, lo que derivó en un cruce de declaraciones públicas entre Lidio García y los ministros del Interior y del Trabajo, Armando Benedetti y Antonio Sanguino.
Benedetti aseguró que el Congreso solo podría iniciar la revisión de la emergencia económica una vez el Gobierno remita el informe que detalla las medidas adoptadas, tal como lo exige el artículo 215 de la Constitución y la Ley Estatutaria de Estados de Excepción. Según el ministro, ese requisito aún no se ha cumplido, por lo que cualquier discusión previa carecería de sustento jurídico. Además, puso en duda la posibilidad de realizar la sesión de manera virtual sin una causa excepcional.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, elevó el tono del debate al acusar al presidente del Congreso de convertirse en un obstáculo para las reformas impulsadas por el Ejecutivo, en declaraciones que profundizaron la confrontación política entre ambas ramas del poder público.
Frente a los cuestionamientos, Lidio García defendió la convocatoria y sostuvo que la Constitución no impide que el Senado se reúna en sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe del Gobierno. Subrayó que el Congreso es un poder autónomo y que su función de vigilancia no puede quedar supeditada a los tiempos del Ejecutivo.
El presidente del Senado calificó la decisión como un ejercicio de responsabilidad institucional y respondió a las críticas personales a través de sus redes sociales, donde cuestionó los señalamientos en su contra y defendió la independencia del Legislativo.
Con un ambiente político marcado por la confrontación y la desconfianza, la sesión extraordinaria del Senado se perfila como un escenario determinante para el futuro del decreto de emergencia económica. Incluso, ya se contempla la posibilidad de convocar nuevas reuniones en los próximos días para disponer del tiempo suficiente que permita un análisis completo de la medida, que inicialmente buscaba transitar el cierre del año sin una revisión inmediata por parte del Congreso y de la justicia constitucional.
