Precandidatos presidenciales, incluyendo a Felipe “Pipe” Córdoba, rechazan propuesta de Asamblea Constituyente
Un grupo de destacados precandidatos presidenciales, entre ellos Felipe “Pipe” Córdoba, Juan Manuel Galán, Martha Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Daniel Palacios y Mauricio Gómez, emitieron un pronunciamiento conjunto en el que cuestionan la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente en Colombia. Según ellos, esta propuesta no resolvería los problemas estructurales del país, sino que representaría un riesgo para la estabilidad y la institucionalidad democrática.
Durante las últimas semanas, la idea de una Asamblea Constituyente ha ganado fuerza en ciertos sectores políticos y sociales como una alternativa para modificar la Constitución y llevar a cabo reformas profundas. Sin embargo, los precandidatos involucrados en la reciente declaración consideraron que la convocatoria a este mecanismo podría generar más incertidumbre y debilitar las instituciones.
Felipe “Pipe” Córdoba, precandidato presidencial y líder del movimiento Volvamos a Confiar, ha señalado en distintas intervenciones que “la solución no está en desmontar nuestras instituciones ni en empezar desde cero, sino en fortalecer la transparencia, la seguridad y la justicia desde las estructuras existentes”. Córdoba enfatizó que la prioridad debe ser el combate efectivo a la corrupción y la criminalidad, sin poner en riesgo la estabilidad democrática que tanto esfuerzo ha costado consolidar.
Por su parte, Juan Manuel Galán destacó que “una Asamblea Constituyente puede abrir una caja de Pandora que afecte la seguridad jurídica y las libertades ciudadanas”, mientras que Martha Lucía Ramírez aseguró que “el respeto por la institucionalidad es la base para cualquier reforma efectiva y sostenible”.
Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, señaló que “la Constitución de 1991, pese a sus desafíos, ha sido un marco sólido para la democracia. Cambiarla sin consenso amplio es un riesgo innecesario”. Daniel Palacios y Mauricio Gómez coincidieron en que “las soluciones deben venir de la implementación rigurosa de las leyes y la mejora de las instituciones, no de su desarme”.
Este rechazo unificado se enmarca en el contexto de las elecciones presidenciales de 2026, donde el debate sobre reformas constitucionales se ha convertido en un tema clave. La posición de estos precandidatos refleja una visión común de que la prioridad está en fortalecer el Estado de derecho y mejorar la gestión pública sin alterar el equilibrio institucional.
El llamado que hacen estos líderes políticos es a buscar consensos dentro del marco legal vigente y a fortalecer mecanismos de participación ciudadana y control social, en lugar de apostar por soluciones radicales que, en su opinión, podrían poner en riesgo la estabilidad del país.
