Persisten dudas sobre la efectividad de la paz total ante expansión de disidencias en el sur del país
La evolución de la seguridad en Colombia vuelve a generar preocupación en distintos sectores, especialmente por la creciente presencia de disidencias armadas en regiones estratégicas como Guaviare y Caquetá. Informes de inteligencia conocidos en las últimas horas advierten que uno de los principales cabecillas de estas estructuras continúa desplazándose por corredores clave, consolidando su influencia en zonas donde el Estado enfrenta serias limitaciones para ejercer control.
Las características geográficas de estos territorios siguen jugando a favor de los grupos ilegales. La combinación de selva densa, vías precarias y múltiples rutas fluviales permite movimientos ágiles y dificulta la acción coordinada de la Fuerza Pública. A esto se suma un fenómeno aún más complejo: la presión ejercida sobre las comunidades, que en muchos casos terminan siendo utilizadas como mecanismos de alerta frente a operativos militares.
Esta realidad ha encendido las alarmas no solo por el fortalecimiento operativo de estas estructuras, sino también por el impacto sostenido sobre la población civil. En varias zonas rurales, campesinos y líderes comunitarios han advertido sobre el incremento de prácticas como la extorsión sistemática, la regulación ilegal de actividades económicas y la imposición de normas de facto por parte de los grupos armados.
En paralelo, la inclusión de algunos de estos actores dentro de los procesos de diálogo de la política de paz total ha abierto un debate cada vez más intenso. Mientras el Gobierno sostiene que es necesario mantener abiertas las puertas de la negociación para reducir la violencia, voces críticas señalan que la falta de resultados concretos en el territorio podría estar enviando señales equivocadas.
Uno de los puntos más sensibles gira en torno a la percepción de impunidad. Para distintos analistas, el hecho de que continúen registrándose acciones violentas mientras avanzan los acercamientos genera desconfianza en la ciudadanía y debilita la credibilidad de la estrategia. La discusión no es menor: se trata de definir hasta qué punto es viable negociar en medio de la persistencia de actividades criminales.
A este escenario se suma la fragmentación interna de las disidencias, que ha derivado en disputas por el control territorial. Lejos de reducir la violencia, estas divisiones han intensificado los enfrentamientos en algunas regiones, incrementando los riesgos para las comunidades y complicando aún más cualquier intento de estabilización.
Frente a este panorama, expertos coinciden en que el país enfrenta un momento decisivo. La paz total, como política pública, requiere no solo voluntad de diálogo, sino también una estrategia clara de control territorial y fortalecimiento institucional. Sin estos elementos, advierten, el riesgo de consolidación de economías ilegales y estructuras armadas seguirá latente.
Desde distintos sectores se ha insistido en la necesidad de reforzar la presencia integral del Estado en estas zonas. Esto implica no solo acciones de seguridad, sino también inversión social, acceso a justicia y generación de oportunidades que permitan reducir la dependencia de las comunidades frente a actores ilegales.
En este contexto, el debate nacional comienza a girar hacia un punto central: la necesidad de recuperar la confianza. Confianza en que las instituciones pueden garantizar seguridad, confianza en que los procesos de negociación producen resultados reales y confianza en que el Estado no perderá el control de su territorio.
Lo que ocurre en Guaviare y Caquetá no es un hecho aislado, sino un reflejo de los desafíos estructurales que enfrenta Colombia en su camino hacia la paz. La manera en que se aborde esta situación marcará el rumbo de la política de seguridad y definirá, en buena medida, la relación entre el Estado y los ciudadanos en los años por venir.
