Universidades privadas demandan ante la Corte el impuesto al patrimonio: advierten impacto en becas, matrículas y sostenibilidad financiera
La preocupación en el sistema de educación superior privado de Colombia crece tras la expedición del Decreto Legislativo 0173 de 2026, mediante el cual el Gobierno estableció un impuesto al patrimonio dentro del marco de la emergencia económica. Ante esta medida, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentó una intervención ante la Corte Constitucional de Colombia solicitando que la norma sea declarada inconstitucional.
Según el gremio, el nuevo gravamen podría afectar directamente a entre 75 y 80 instituciones de educación superior privadas, que tendrían que asumir una carga tributaria estimada en 135.000 millones de pesos, recursos que actualmente se destinan al funcionamiento académico, investigación y apoyo a estudiantes.
El origen del debate
El impuesto fue creado como parte de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis generada por la ola invernal y otras presiones fiscales del país. La norma establece que todas las personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT deberán pagar un impuesto del 0,50 % sobre su patrimonio.
Con el valor de la UVT proyectado para 2026 en aproximadamente 52.374 pesos, el umbral de patrimonio se ubica cerca de 10.474 millones de pesos, lo que incluye a un número significativo de universidades privadas del país.
Sin embargo, el sector educativo ha advertido que aplicar este impuesto a las universidades desconoce la naturaleza de estas instituciones, que por ley operan como entidades sin ánimo de lucro.
Por qué las universidades rechazan el impuesto
La principal crítica planteada por Ascún es que el patrimonio de las universidades no representa riqueza disponible, sino infraestructura y activos dedicados a la educación.
En ese patrimonio se incluyen:
- Campus universitarios
- Edificios académicos
- Laboratorios de investigación
- Bibliotecas
- Auditorios y espacios educativos
Por esta razón, el gremio sostiene que obligar a las universidades a pagar este impuesto implica desviar recursos que deberían destinarse a la formación de estudiantes, la investigación científica y el desarrollo académico.
En el documento enviado a la Corte, la asociación señala que la medida podría constituir una interferencia directa en la autonomía financiera de las instituciones educativas.
La demanda ante la Corte Constitucional
La intervención presentada por Ascún, dirigida a la magistrada Lina Marcela Escobar, argumenta que el decreto podría vulnerar principios constitucionales fundamentales como:
- La equidad tributaria
- La capacidad contributiva
- La autonomía universitaria
Según el gremio, el Gobierno no explicó de manera suficiente las razones para incluir a las universidades privadas dentro del universo de entidades obligadas a pagar el impuesto.
En el documento se afirma que la carga fiscal podría afectar la misión educativa y científica de estas instituciones, que dependen de un equilibrio financiero delicado para mantener sus programas académicos.
El impacto en estudiantes y matrículas
Uno de los puntos que más preocupa al sector es el posible efecto en los estudiantes. De acuerdo con Ascún, los recursos que tendrían que pagar las universidades equivalen a fondos suficientes para financiar alrededor de 15.000 cupos universitarios y miles de becas dirigidas a jóvenes de bajos ingresos.
Además, el sistema universitario privado en Colombia atiende a más de 1,2 millones de estudiantes, lo que convierte cualquier presión financiera adicional en un factor de riesgo para su estabilidad.
El padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente de Ascún, explicó que algunas instituciones deberán realizar pagos significativos en los próximos meses.
Según detalló, en el caso de su universidad el impuesto representaría cerca de 2.000 millones de pesos, que deberán pagarse en dos cuotas programadas para abril y mayo.
Castilla también advirtió que el sector enfrenta actualmente otras presiones financieras, entre ellas el incremento del salario mínimo, la reducción en la matrícula estudiantil y el aumento general de costos operativos.
En ese contexto, señaló que existe el riesgo de que algunas universidades se vean obligadas a trasladar parte de esa carga a los estudiantes mediante incrementos en las matrículas.
Críticas desde el ámbito académico
La medida también ha generado reacciones en el ámbito académico. El exrector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, cuestionó públicamente el decreto al considerar que trata a las universidades privadas como si fueran empresas con fines de lucro.
Según el académico, aplicar un impuesto al patrimonio sobre instituciones educativas sin ánimo de lucro puede afectar directamente los recursos destinados a becas, investigación y funcionamiento universitario.
Las universidades públicas quedan por fuera
El decreto establece que el impuesto al patrimonio aplica únicamente para personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta. En ese sentido, las universidades públicas no están incluidas en la medida, ya que hacen parte del Estado.
Esto significa que el impacto del nuevo tributo recaería exclusivamente sobre las instituciones privadas.
Qué piden las universidades al alto tribunal
Ante este panorama, Ascún solicitó a la Corte Constitucional varias posibles decisiones frente al decreto:
- Suspender provisionalmente la aplicación del impuesto a las universidades mientras se estudia la norma.
- Declarar inconstitucional la totalidad del decreto.
- Permitir el impuesto, pero excluir a las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, como las universidades privadas.
Según los cálculos citados por la asociación, las instituciones que superarían el umbral del impuesto acumulan un patrimonio cercano a 27 billones de pesos, compuesto principalmente por infraestructura académica.
Sin embargo, el recaudo estimado por el Gobierno sería de alrededor de 135.000 millones de pesos, una cifra que, aunque pequeña frente al patrimonio total del sistema, podría representar una carga significativa para las universidades en un momento de presión financiera.
La decisión final quedará ahora en manos de la Corte Constitucional, que deberá determinar si el impuesto respeta los principios de la Constitución o si, por el contrario, termina afectando el funcionamiento del sistema de educación superior en el país.
