Consejo de ministros en medio de la emergencia: tensión institucional, reclamos territoriales y mensajes a la justicia
Lo que debía ser una reunión de alto nivel para atender la emergencia invernal en Córdoba terminó convertido en un episodio cargado de simbolismo político y controversia institucional. El más reciente consejo de ministros convocado por el presidente Gustavo Petro dejó imágenes incómodas, declaraciones polémicas y un nuevo pulso con otras ramas del poder público.
La cita estaba programada para las 7:00 de la noche del lunes 9 de febrero. Sin embargo, el inicio se retrasó más de tres horas y solo comenzó hacia las 10:30 p. m., extendiéndose hasta la madrugada. Mientras en el interior del recinto el mandatario y su gabinete discutían la situación provocada por las lluvias y el impacto del frente frío en varios municipios de Córdoba, afuera una decena de alcaldes aguardaba sin éxito la posibilidad de participar.
Los mandatarios locales de Santacruz de Lorica, Tierralta, Canalete, Cotorra, Puerto Escondido, Moñitos, Puerto Libertador, Cereté, Los Córdobas y Ciénaga de Oro permanecieron durante horas sentados en el piso, esperando ser escuchados directamente por el jefe de Estado. Finalmente, regresaron a sus municipios sin intervenir en la reunión. La escena, captada en fotografías que circularon ampliamente, se convirtió en un símbolo del malestar territorial frente a la gestión centralizada de la crisis.
La emergencia y el debate jurídico
Durante el encuentro, el presidente insistió en la necesidad de contar con herramientas extraordinarias para enfrentar la situación climática. En ese contexto, volvió a referirse a la suspensión de la emergencia económica decretada por su Gobierno a finales de 2025, la cual fue frenada por la Corte Constitucional.
El mandatario pidió públicamente al alto tribunal reconsiderar su decisión, argumentando que la declaratoria permitiría agilizar recursos y evitar la expedición de un nuevo decreto. Según explicó, la activación de un estado de emergencia podría incluso modificar los efectos de la ley de garantías que rige en periodo electoral, al tratarse de decretos con fuerza de ley.
Sus palabras abrieron un nuevo frente de debate sobre los límites entre la necesidad administrativa en contextos de crisis y el respeto a los controles constitucionales. Aunque el consejo de ministros había sido presentado como el escenario para oficializar nuevas medidas extraordinarias, al cierre del encuentro no se había firmado ningún decreto adicional.
Señalamientos a la Fiscalía
El consejo también incluyó referencias directas a la fiscal general, Luz Adriana Camargo. El presidente retomó una publicación de Colombia Humana en la red social X en la que se planteaba una supuesta cercanía entre la Fiscalía y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. La información citada provenía de un mensaje anónimo, hecho que generó críticas desde distintos sectores por la falta de sustento verificable.
El episodio profundiza la tensión entre el Ejecutivo y la Fiscalía, una relación que ha estado marcada por choques públicos en distintos momentos del actual mandato. Las declaraciones del presidente fueron interpretadas por algunos analistas como un mensaje político en medio del ambiente preelectoral que ya comienza a tomar forma.
Entre la gestión y la narrativa
El consejo de ministros evidenció, una vez más, el estilo político del mandatario: reuniones prolongadas, intervenciones extensas y mensajes que trascienden el tema específico que motivó la convocatoria. Aunque el objetivo formal era atender la emergencia climática, el encuentro terminó ampliando el debate hacia asuntos judiciales y constitucionales.
En el plano territorial, la imagen de alcaldes esperando sin acceso directo al jefe de Estado deja interrogantes sobre la articulación entre Nación y municipios en momentos de crisis. Para varios sectores, la emergencia exigía mayor coordinación inmediata con las autoridades locales; para otros, el encuentro reflejó las limitaciones logísticas de una reunión con múltiples actores.
Mientras tanto, las lluvias continúan afectando a miles de familias en Córdoba, y la discusión sobre las herramientas jurídicas para enfrentar la situación sigue abierta. El Gobierno deberá definir en los próximos días si insiste en un nuevo decreto de emergencia o si opta por mecanismos ordinarios dentro del marco fiscal y constitucional vigente.
El consejo de ministros, más allá de las decisiones concretas, dejó claro que la coyuntura climática se cruza con un escenario político cada vez más intenso, donde cada gesto y cada declaración adquieren una lectura estratégica de cara al calendario electoral.
