Señalamientos de ‘Pipe Tuluá’, campaña presidencial y DIAN: el expediente que vuelve a cercar al entorno del presidente Petro
Un nuevo episodio de alto impacto político y judicial se abre en Colombia tras la divulgación de un audio atribuido a Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, exjefe de la organización criminal La Inmaculada y actualmente extraditado a Estados Unidos. En la grabación, el capo asegura haber realizado aportes económicos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, supuestamente a través de su hermano, Juan Fernando Petro, y menciona presuntas gestiones irregulares relacionadas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Las declaraciones, que no han sido verificadas judicialmente, han provocado una oleada de reacciones políticas y reavivan investigaciones y señalamientos previos que ya habían puesto bajo la lupa al círculo familiar del mandatario.
Juan Fernando Petro, en diálogo con EL TIEMPO, rechazó de manera tajante las acusaciones y sostuvo que se trata de un “montaje” con fines de desprestigio. Afirmó que nunca recibió dinero del hoy extraditado delincuente, que no lo conoce personalmente y que la fotografía en la que supuestamente aparecen juntos es falsa o manipulada.
El hermano del Presidente admitió que durante la campaña presidencial realizó actividades políticas en favor de Gustavo Petro, pero aseguró que estas se financiaron con recursos propios y de manera independiente, sin transferencias económicas a la campaña oficial ni vínculos con organizaciones criminales.
La mención a la DIAN y un antecedente sensible
Uno de los puntos más delicados del audio es la referencia explícita a la DIAN. En la grabación, Pipe Tuluá afirma que existen supuestas pruebas —videos, audios y consignaciones— que demostrarían pagos no solo con fines políticos, sino también para influir en decisiones dentro de la entidad tributaria.
Estas afirmaciones coinciden con un episodio ocurrido en febrero de 2025, cuando el entonces director de la DIAN y ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, aseguró públicamente que Juan Fernando Petro visitó su despacho para solicitar favores administrativos.
Según Reyes, el hermano del Presidente pidió el nombramiento de un recomendado como director seccional de Impuestos y Aduanas en Buenaventura, un puerto estratégico históricamente afectado por el contrabando. El funcionario sugerido habría sido Jhon Freddy Restrepo Toro, y la reunión se habría dado en compañía de César Augusto Valencia, persona vinculada en investigaciones con redes ilegales.
Reyes indicó que la solicitud fue improcedente y que el episodio fue puesto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a la cual ratificó su versión meses después.
Advertencias internas y zonas de riesgo
El caso también se cruza con alertas internas realizadas por Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien habría advertido sobre riesgos relacionados con nombramientos en la DIAN de Buenaventura. Se trata de una de las zonas más sensibles del país en materia de evasión, contrabando y crimen organizado, lo que aumenta la gravedad de cualquier presunta injerencia indebida.
Aunque hasta ahora no existe una imputación formal ni una decisión judicial que respalde las acusaciones del capo extraditado, la coincidencia temporal y temática entre el audio y los antecedentes administrativos ha elevado la presión sobre los entes de control.
Investigación en curso y silencio institucional
La Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado oficialmente sobre el contenido del audio de Pipe Tuluá. Desde el inicio del actual gobierno, el presidente Gustavo Petro solicitó que se investigara cualquier actuación irregular de su hermano, en un intento por despejar dudas sobre presuntos vínculos con estructuras criminales.
El caso se suma a las controversias relacionadas con el denominado “pacto de La Picota”, una supuesta estrategia de acercamiento con jefes criminales para obtener apoyo electoral, versión que Juan Fernando Petro ha negado de forma reiterada. No obstante, él mismo ha reconocido que sus gestiones políticas en territorios con presencia de grupos armados ilegales pudieron traducirse en respaldo electoral para la campaña presidencial.
Desde Washington, el presidente Petro aseguró que su hermano ya le había advertido sobre las acusaciones de Pipe Tuluá y que, según este, no existen pruebas reales que sustenten los señalamientos.
Un frente abierto con impacto político
Más allá del curso que tome la investigación penal, el caso tiene un claro impacto político. La palabra de un capo extraditado, la mención de una entidad estratégica como la DIAN y la cercanía directa con el jefe de Estado configuran un escenario de alto voltaje que alimenta la confrontación entre el Gobierno y la oposición.
Mientras la Fiscalía no esclarezca la autenticidad del audio ni determine si existen elementos probatorios verificables, el caso seguirá moviéndose en el terreno de las versiones encontradas, la sospecha pública y la incertidumbre institucional, en un contexto político ya marcado por la polarización y la desconfianza.
