Economía, seguridad y políticas sociales marcaron el primer debate de la Gran Consulta por Colombia rumbo a 2026
La contienda presidencial de 2026 comenzó a tomar forma con la realización del primer debate público de la Gran Consulta por Colombia, un espacio que reunió por primera vez a los nueve precandidatos de centro y centroderecha que competirán por convertirse en el aspirante único de esta coalición. El encuentro, organizado por EL TIEMPO, Noticias RCN y La FM, se desarrolló durante dos horas y permitió contrastar propuestas, estilos y visiones sobre los principales retos que enfrenta el país.
Ante una audiencia activa y participativa, los aspirantes abordaron temas clave como la situación económica, la seguridad ciudadana, el sistema de salud y el futuro de la educación. El debate dejó en evidencia tanto las coincidencias programáticas entre los candidatos como las diferencias en los caminos que cada uno propone para conducir a Colombia en los próximos años.
Panorama económico: ajustes al Estado y estímulos para el crecimiento
El primer bloque estuvo dedicado a la economía, un asunto que concentra buena parte de las preocupaciones de la ciudadanía. Las preguntas planteadas giraron en torno al salario mínimo, la deuda pública, el sistema pensional, la política energética y la viabilidad de una nueva reforma tributaria.
En este punto, la mayoría de los precandidatos coincidió en que el país no soporta más cargas impositivas y que la prioridad debe ser la reducción del gasto público y la eliminación de ineficiencias estatales. Mauricio Cárdenas advirtió que Colombia atraviesa una compleja crisis fiscal y sostuvo que su propuesta se centra en ajustar el gasto sin afectar a los sectores más vulnerables, además de avanzar en una reducción progresiva de impuestos como el gravamen a las transacciones financieras.
Juan Carlos Pinzón respaldó esta postura y fue enfático en la necesidad de recortar la burocracia, eliminar nóminas paralelas y cerrar consulados innecesarios. Según el exministro de Defensa, estos ajustes permitirían liberar recursos para reactivar la economía y generar empleo. David Luna, por su parte, alertó sobre la baja participación de los jóvenes en el sistema pensional y defendió la formalización laboral como eje central para garantizar su sostenibilidad, descartando un aumento en la edad de jubilación.
Desde una mirada más estructural, Juan Manuel Galán subrayó que la productividad debe convertirse en el motor del crecimiento económico. Señaló que recuperar la confianza entre el Estado, los empresarios y los ciudadanos es indispensable para estimular la inversión y propuso una modernización profunda de entidades como la Dian para mejorar el recaudo sin ahogar a los contribuyentes.
El debate también abordó el futuro del sector energético. Paloma Valencia sostuvo que Colombia debe fortalecer su capacidad energética para asegurar autosuficiencia y precios estables, mientras que Aníbal Gaviria hizo un llamado a reconstruir una relación de respeto y reglas claras entre el sector público y el privado, argumentando que esta alianza es clave para aumentar la inversión y el empleo.
En materia de vivienda, Enrique Peñalosa criticó el estancamiento del sector de la construcción y afirmó que este ha dejado de cumplir su papel como motor de la economía. Propuso impulsar tanto la vivienda nueva como la usada, señalando que el acceso a un hogar digno es fundamental para la estabilidad social y la generación de empleo.
Seguridad: el reclamo por autoridad y control territorial
La seguridad ocupó uno de los espacios más relevantes del debate. Las preguntas ciudadanas reflejaron la preocupación por la extorsión, la expansión de grupos armados ilegales y la sensación de pérdida de control territorial en varias regiones del país.
Vicky Dávila centró su discurso en el impacto del miedo en la vida cotidiana de los colombianos y en la urgencia de enfrentar de manera frontal la extorsión. Planteó la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía para fortalecer la denuncia y propuso mecanismos de cooperación internacional para perseguir a las organizaciones criminales.
Juan Manuel Galán planteó que la lucha contra los grupos armados debe enfocarse en debilitar sus estructuras financieras y recuperar la cooperación con agencias internacionales, especialmente en el combate al narcotráfico. Aníbal Gaviria coincidió en que la violencia es el principal problema nacional y pidió un respaldo decidido a la Fuerza Pública, con mayor inversión en tecnología y capacidades operativas.
Enrique Peñalosa sostuvo que el Estado no debe negociar con organizaciones criminales y afirmó que su experiencia en la recuperación de territorios urbanos demuestra que la autoridad se impone con decisión. Juan Carlos Pinzón resaltó su trayectoria en el sector defensa y aseguró que cuenta con la experiencia necesaria para liderar una estrategia de seguridad integral desde la Presidencia.
Mauricio Cárdenas propuso cerrar el capítulo de la política de ‘paz total’ y avanzar hacia una estrategia de control territorial más contundente. En contraste, Juan Daniel Oviedo cuestionó la idea de que la seguridad se resuelva únicamente con fuerza o encarcelamiento, y defendió un enfoque basado en inteligencia, prevención y atención a las necesidades de las comunidades.
David Luna defendió el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 como una obligación del Estado, al tiempo que insistió en fortalecer a la Fuerza Pública para enfrentar a quienes persisten en la ilegalidad. Paloma Valencia propuso una reforma profunda al sistema judicial apoyada en herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, además de un nuevo plan integral para combatir el narcotráfico y atacar las finanzas de los grupos criminales.
Salud y educación: críticas al modelo actual y promesas de ajuste
En el bloque final, los precandidatos abordaron la crisis del sistema de salud y los desafíos en materia educativa. En salud, hubo consenso en que los pacientes han sido los más afectados por la incertidumbre institucional y las fallas en la entrega de medicamentos.
Mauricio Cárdenas planteó la implementación de un plan de emergencia para normalizar el suministro de fármacos, mientras que Juan Daniel Oviedo aseguró que mantendría el modelo de EPS, pero bajo una supervisión estricta para evitar irregularidades. Enrique Peñalosa afirmó que su experiencia administrativa le permite enfrentar las complejidades del sistema, mientras que Juan Carlos Pinzón criticó lo que calificó como intentos de estatización que han debilitado la atención.
David Luna subrayó la importancia de incluir la salud mental como un eje central de la política pública, señalando que este aspecto ha sido históricamente relegado.
En educación, Paloma Valencia anunció su intención de retomar programas de acceso a la educación superior implementados en gobiernos anteriores y propuso ampliar la oferta de formación técnica para jóvenes que no estudian ni trabajan. Juan Manuel Galán sostuvo que las políticas educativas deben tener a los niños y niñas como eje central y estar acompañadas de estrategias que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres cabeza de hogar.
Un primer pulso en la carrera presidencial
El debate cerró con una ronda de respuestas rápidas que dejó ver algunas definiciones políticas de cara a una eventual segunda vuelta. Aunque la mayoría de los precandidatos expresó confianza en que el próximo presidente surgirá de la Gran Consulta por Colombia, varios dejaron claro que no apoyarían una continuidad del actual proyecto político en el poder.
Este primer encuentro no solo permitió contrastar propuestas, sino que también confirmó que la competencia interna estará marcada por distintos enfoques sobre cómo enfrentar los desafíos económicos, sociales y de seguridad que atraviesa el país, en una carrera presidencial que apenas comienza.
