Contraloría alerta por graves retrasos en la reparación a víctimas ordenada por la JEP
La Contraloría General de la República lanzó una advertencia por los serios incumplimientos en la ejecución de las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionadas con la reparación de las víctimas del conflicto armado. Según el ente de control, el déficit de recursos proyectado para 2026 alcanza el 83,6 %, lo que pone en riesgo la implementación efectiva de las órdenes judiciales.
De acuerdo con el informe, el componente restaurativo y reparador de estas sentencias requiere una financiación cercana a los COP 121.858 millones. No obstante, para la próxima vigencia fiscal solo se cuenta con COP 20.000 millones, lo que deja un faltante superior a los COP 101.800 millones, sin considerar las nuevas decisiones que pueda emitir la JEP en el corto plazo.
Incumplimientos en bienes y recursos comprometidos
El análisis hace parte de un seguimiento especial a los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz y a las obligaciones del secretariado de las antiguas Farc frente a la reparación material de las víctimas. En ese marco, la Contraloría identificó fallas significativas en la entrega y monetización de los bienes que debían destinarse a este fin.
Según el reporte, la exguerrilla había declarado contar con más de COP 12.000 millones en efectivo, pero al Estado solo ingresaron poco más de COP 2.100 millones. En cuanto a los recursos en moneda extranjera, se acordó la entrega de USD 450.000, de los cuales se monetizaron USD 448.500, luego de que USD 1.500 fueran catalogados como falsos por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Uno de los puntos más críticos señalados por el ente de control tiene que ver con los bienes inmuebles. De los 722 predios reportados por el secretariado, únicamente uno ha sido efectivamente entregado. Estos activos debían ser administrados por la SAE dentro de un patrimonio autónomo, con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) como entidad beneficiaria.
Riesgos para el derecho a la reparación
La Contraloría advirtió que estas falencias comprometen seriamente el derecho de las víctimas a una reparación integral y podrían generar responsabilidades para el Estado colombiano. El organismo señaló que, sin los recursos suficientes, las órdenes de la JEP corren el riesgo de quedar en el papel, afectando la credibilidad del sistema de justicia transicional.
Además, el informe advierte que varias de las órdenes judiciales contenidas en las sentencias —que asignan obligaciones específicas a entidades nacionales y territoriales para garantizar su ejecución— no cuentan con apropiaciones presupuestales para 2026, lo que hace inviable su cumplimiento en la próxima vigencia fiscal.
Impacto en la justicia transicional
Para la Contraloría, la brecha entre los compromisos adquiridos y los bienes realmente entregados por el secretariado afecta la eficacia de los principios de verdad, justicia y reparación que sustentan el modelo de justicia transicional. Asimismo, genera incertidumbre sobre la garantía de no repetición y plantea contingencias frente a las obligaciones del Estado en materia de derechos de las víctimas.
Ante este panorama, el ente de control instó a las partes involucradas a adoptar medidas urgentes que permitan cerrar las brechas financieras y administrativas, y a asegurar los recursos necesarios para que las decisiones de la JEP se traduzcan en una reparación real y efectiva para quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado.
