Choque institucional: gobernadores se plantan ante decreto de emergencia económica del Gobierno Petro
Un abierto pulso entre el Gobierno nacional y las regiones quedó al descubierto este jueves 15 de enero, luego de que al menos 17 gobernadores anunciaran que no aplicarán uno de los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, al considerar que vulnera la autonomía fiscal de los departamentos y amenaza sus finanzas.
La decisión fue adoptada tras una reunión de varias horas en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en Bogotá, donde los mandatarios departamentales analizaron el impacto del decreto que modifica el impuesto al consumo sobre licores y tabaco, una de las principales fuentes de recaudo para las administraciones regionales.
Los gobernadores de Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Antioquia coincidieron en que el aumento de la carga tributaria podría generar una contracción en el consumo y, paradójicamente, una reducción de los ingresos, afectando la financiación de servicios esenciales.
Como respuesta, acordaron interponer acciones de tutela de manera individual y solicitar a la Corte Constitucional un pronunciamiento urgente. Mientras se resuelve el fondo del asunto, anunciaron que aplicarán la excepción de inconstitucionalidad y suspenderán la implementación del decreto en sus territorios.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, explicó que la FND elaborará un concepto jurídico que respaldará la decisión de los departamentos. “Cada gobernador aplicará esta figura jurídica dentro de su competencia. La determinación es colectiva y busca proteger las finanzas regionales”, señaló.
Desde Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que el decreto impone una carga tributaria desproporcionada y desconoce la autonomía fiscal consagrada en la Constitución. En su opinión, la excepción de inconstitucionalidad es una herramienta legítima para enfrentar normas que exceden los límites constitucionales, mientras se produce un fallo definitivo de la Corte.
El anuncio provocó una fuerte reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó públicamente la postura de los gobernadores y advirtió sobre eventuales responsabilidades legales. Según el funcionario, desconocer un decreto equivale a incumplir la ley y podría configurar prevaricato, además de generar consecuencias patrimoniales por los recursos que se dejarían de recaudar.
Las declaraciones del ministro fueron respondidas desde las regiones. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, defendió la actuación de los mandatarios y aseguró que están haciendo uso de mecanismos jurídicos previstos en el ordenamiento legal. “Estamos acudiendo a la justicia y a los órganos competentes. Consideramos que este decreto vulnera principios constitucionales y, por ello, estamos en nuestro derecho de cuestionarlo por las vías legales”, afirmó.
El episodio representa un hecho sin precedentes durante el actual Gobierno, ya que es la primera vez que más de la mitad de los gobernadores del país actúan de manera coordinada para no aplicar una disposición presidencial.
La Federación Nacional de Departamentos respaldó la decisión y, mediante un comunicado, advirtió que el decreto genera un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales y compromete la prestación de servicios fundamentales como salud, educación y deporte.
Además, la FND cuestionó el tono de las declaraciones del ministro del Interior y pidió respeto por la institucionalidad departamental. Según la entidad, deslegitimar la actuación de los gobernadores desconoce el mandato democrático que ejercen y el deber que tienen de proteger los intereses de sus comunidades dentro del marco constitucional.
En medio del choque, los gobernadores también solicitaron al Gobierno nacional la convocatoria urgente de Consejos Regionales de Seguridad para analizar las medidas que se incluirán en el Plan Democracia y reforzar acciones de inteligencia frente a riesgos como el control territorial, el constreñimiento electoral y otras amenazas a la seguridad regional.
Finalmente, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, advirtió que podrían emprenderse acciones judiciales contra los gobernadores que persistan en no acatar los decretos de la emergencia económica, lo que anticipa una controversia jurídica que será dirimida por los tribunales y que podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y las regiones.
