Emergencia económica y deuda pública profundizan la confrontación política entre el Gobierno y la oposición
La posibilidad de que el presidente Gustavo Petro decrete una emergencia económica, junto con la autorización de una operación de deuda mediante Títulos de Tesorería (TES) por cerca de 23 billones de pesos, ha reavivado la confrontación política entre el Gobierno y la oposición, en un momento clave del calendario electoral y con crecientes tensiones entre el Ejecutivo, el Congreso y las altas cortes.
El anuncio se produce tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Legislativo, iniciativa con la que el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para financiar programas sociales y cerrar el faltante del Presupuesto General de la Nación. La derrota parlamentaria no solo dejó un vacío fiscal, sino que también profundizó el distanciamiento entre el Ejecutivo y las mayorías del Congreso, debilitando la capacidad de concertación del oficialismo.
Ante ese escenario, la Casa de Nariño comenzó a explorar caminos alternativos para garantizar recursos, lo que fue interpretado por sectores opositores como un intento de sortear al Congreso mediante decretos con fuerza de ley. La eventual declaratoria de emergencia económica se convirtió así en un nuevo frente de disputa política, con cuestionamientos sobre su constitucionalidad y sobre el uso de facultades excepcionales en un contexto que no sería, a juicio de los críticos, imprevisible ni extraordinario.
La emisión de TES por un monto superior a los 20 billones de pesos también alimentó la controversia. Aunque el Gobierno ha señalado que se trata, en buena medida, de una operación para refinanciar obligaciones adquiridas en administraciones anteriores, desde la oposición se advierte que el aumento del endeudamiento compromete a futuras generaciones y se utiliza como herramienta política en plena antesala electoral.
Las reacciones reflejan la polarización del debate. Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal calificó la decisión como una señal de irresponsabilidad fiscal y acusó al Ejecutivo de trasladar los costos de su derrota legislativa a los ciudadanos. En la misma línea, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia cuestionó la legalidad de una eventual emergencia económica y pidió a la Corte Constitucional suspender de manera provisional cualquier decreto que imponga nuevos tributos.
El debate no se limitó a la oposición. El exsenador Humberto de la Calle, una de las voces más experimentadas del liberalismo, advirtió sobre posibles vicios jurídicos en el uso de la figura de emergencia para suplir una reforma tributaria que no logró respaldo político. Además, expresó reparos frente a la posibilidad de convocar de manera extraordinaria a la Corte Constitucional durante la vacancia judicial, lo que, a su juicio, podría tensionar aún más el equilibrio institucional.
Desde el Ejecutivo, la respuesta ha sido de defensa y contraataque. El presidente Petro ha insistido en que la operación de deuda no constituye una maniobra excepcional, sino un mecanismo habitual de administración financiera del Estado. Asimismo, ha reiterado que el verdadero problema radica en la negativa del Congreso a aprobar una reforma que, según el Gobierno, buscaba que los sectores de mayores ingresos asumieran una mayor carga tributaria.
En ese sentido, el ministro del Interior, Armando Benedetti, endureció el discurso político al señalar que el hundimiento de la ley de financiamiento obedeció a intereses que se resisten a pagar más impuestos. Para el Gobierno, la falta de respaldo legislativo dejó un “hueco” en el presupuesto de 547 billones de pesos y obligó a evaluar medidas extraordinarias para garantizar la ejecución de los programas gubernamentales.
Más allá de la discusión técnica, el pulso tiene un trasfondo claramente político. La emergencia económica, de concretarse, se daría en un año previo a elecciones, lo que refuerza la narrativa de la oposición sobre un eventual uso del aparato estatal para fortalecer el proyecto político del oficialismo. Desde el petrismo, en cambio, se sostiene que el objetivo es evitar que la falta de recursos frene políticas sociales clave y que la resistencia en el Congreso responde a un cálculo electoral de los sectores tradicionales.
El país entra así en una fase de alta tensión política, en la que las decisiones económicas del Ejecutivo serán interpretadas como movimientos estratégicos dentro de una disputa más amplia por el poder. Con el Congreso debilitado como escenario de consenso y la Corte Constitucional en el centro del debate, el desenlace de esta controversia podría marcar no solo el rumbo fiscal del Gobierno, sino también el clima político de los próximos comicios.
