Paro armado del ELN eleva la alerta de seguridad en todo el país
Las autoridades colombianas se mantienen en estado de máxima vigilancia ante el paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se extiende desde este domingo y se prolongará hasta la medianoche del miércoles. La acción, anunciada por la organización insurgente como una protesta política, tiene alcance nacional y representa una de las medidas de mayor impacto tomadas por ese grupo armado en los últimos años.
El ELN, catalogado como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, justificó el paro armado como una respuesta a lo que denomina presuntas amenazas de intervención extranjera, especialmente por parte del Gobierno estadounidense, y como una manifestación de rechazo a operaciones militares en distintas regiones del país. No obstante, el impacto inmediato de la medida recae sobre la población civil, que enfrenta restricciones a la movilidad y a sus actividades cotidianas en zonas donde el grupo tiene presencia o influencia.
El paro armado implica la imposición de un control ilegal sobre territorios y comunidades, con la prohibición de transitar por carreteras y ríos, así como la paralización forzada del comercio y el transporte. Desde el inicio de la jornada, se han reportado hostigamientos, ataques a peajes, estaciones de Policía, retenes ilegales y la quema de vehículos de carga, acciones que han intensificado el temor entre habitantes de regiones históricamente afectadas por el conflicto armado.
La situación ha generado una contundente reacción internacional. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó su rechazo a las amenazas del ELN y cuestionó el argumento del grupo guerrillero de actuar en defensa de los derechos del pueblo colombiano. En un comunicado, la misión diplomática señaló que este tipo de acciones terminan afectando precisamente a la población civil, a la que dicen representar, y calificó el paro armado como una medida “inaceptable e ilógica”. De manera preventiva, la embajada reiteró su recomendación a ciudadanos estadounidenses de evitar desplazamientos durante estos días.
Desde el Gobierno nacional, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, denunció que el ELN continúa recurriendo a la violencia, el narcotráfico y la intimidación para imponer su control territorial. A través de sus redes sociales, afirmó que el grupo armado no protege a las comunidades, sino que las convierte en blanco de sus ataques, especialmente a campesinos, pueblos indígenas y sectores vulnerables. Asimismo, anunció el ofrecimiento de recompensas de hasta 52.000 dólares por información que permita anticipar o evitar acciones terroristas en cualquier punto del país.
El presidente Gustavo Petro también rechazó públicamente el paro armado y ordenó a la fuerza pública enfrentar a la organización insurgente. En mensajes difundidos a través de sus canales oficiales, el mandatario sostuvo que las amenazas del ELN no están dirigidas a potencias extranjeras, sino que constituyen un ataque directo contra Colombia y contra los ideales históricos de unidad regional. Petro hizo además un llamado a la ciudadanía a no dejarse paralizar por el miedo y a continuar con las celebraciones de fin de año, subrayando que el país no puede ceder ante la intimidación de actores armados ilegales.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó sobre los graves riesgos humanitarios asociados a este tipo de medidas y pidió al ELN abstenerse de afectar a la población civil. En un comunicado, la entidad recordó que los paros armados son una forma ilegítima de control social que limita la libre circulación, paraliza economías locales y dificulta el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y el abastecimiento de alimentos. Además, advirtió que estas acciones incrementan el riesgo de desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, homicidios selectivos y violencias basadas en género.
El contexto de este nuevo paro armado se da en medio de un deterioro de los intentos de diálogo entre el Gobierno y el ELN. En enero de este año, el Ejecutivo suspendió las negociaciones de paz tras una escalada de violencia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde enfrentamientos y ataques del grupo armado dejaron decenas de personas muertas y provocaron el desplazamiento masivo de miles de campesinos hacia zonas más seguras.
En paralelo, Antonio García, máximo comandante del ELN, publicó un artículo en el portal digital del grupo en el que cuestiona la política de seguridad de Estados Unidos hacia la región. En el texto, critica la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por Washington y la describe como una muestra de una potencia que busca mantener su influencia mediante presiones políticas y militares, reeditando —según su visión— antiguas prácticas de dominación.
Ante este panorama, las fuerzas de seguridad han reforzado los esquemas de protección en puntos considerados estratégicos, como sedes diplomáticas, instalaciones militares y policiales, carreteras, empresas con capital extranjero y componentes clave de la infraestructura energética. El objetivo, según las autoridades, es prevenir atentados y garantizar la protección de la población civil mientras se mantiene el control del orden público en todo el territorio nacional.
