Petro reactiva el caso Odebrecht y pide a EE. UU. revelar quién es el “Funcionario Colombiano 3” mencionado en acuerdo judicial
El Gobierno de Colombia volvió a encender las alarmas sobre uno de los escándalos de corrupción más impactantes de la última década: el caso Odebrecht y los supuestos aportes ilícitos a campañas políticas. En esta ocasión, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, remitió una carta oficial a las autoridades judiciales de Estados Unidos solicitando la plena identificación del llamado “Funcionario Colombiano 3”, un personaje cuya existencia figura en documentos judiciales estadounidenses, pero que continúa siendo un misterio dentro del país.
La comunicación, dirigida a la Fiscalía del Distrito de Maryland y a la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia, expone la necesidad urgente de que el Gobierno colombiano tenga acceso a los datos que permitan saber quién es esta figura clave. El texto insiste en que el funcionario —según documentos oficiales extranjeros— habría jugado un papel determinante al interior de la administración pública entre 2010 y 2018, periodo exacto en el que gobernó el expresidente Juan Manuel Santos.
Un nombre oculto dentro del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido
El trasfondo de la solicitud está relacionado con el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA, por sus siglas en inglés) que el primero de agosto de 2023 firmaron Corficolombiana, Grupo Aval y las autoridades de Estados Unidos. Bajo este acuerdo, las entidades colombianas reconocieron responsabilidad por irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto vial Ruta del Sol, donde operó la red de sobornos articulada por Odebrecht.
Dentro del DPA, los fiscales estadounidenses describen distintas maniobras utilizadas para mover pagos ilegales con el fin de asegurar decisiones administrativas favorables. Allí aparece, repetidamente, la figura del “Funcionario Colombiano 3”, un alto cargo del Ejecutivo que habría recibido pagos ilícitos o habría intervenido para facilitar su tránsito.
Aunque su nombre no fue revelado públicamente, el Departamento de Justicia aclara en el acuerdo que sí pudo identificarlo plenamente. Para el Gobierno Petro, esta confirmación es fundamental y constituye el principal argumento para solicitar cooperación directa.
Un cargo estratégico en el corazón del poder
La carta enviada por el ministro Idárraga resalta que este funcionario no era una figura menor dentro del aparato estatal. Según la información del DPA, su rol dentro de la Rama Ejecutiva le daba capacidad de influir sobre decisiones administrativas de alto impacto y, por ende, sobre el futuro de megaproyectos como Ruta del Sol.
Para el Ejecutivo colombiano, esta persona sería un testigo clave para establecer cómo se diseñaron y ejecutaron los mecanismos de corrupción, y cómo se conectaron con actores empresariales y políticos. La misiva también recalca que las fechas asociadas al “Funcionario Colombiano 3” coinciden con momentos decisivos en la adjudicación, reestructuración y gestión de los contratos de infraestructura investigados.
Una solicitud que busca romper años de silencio
El Gobierno sostiene que conocer la identidad del funcionario representaría un paso determinante para transparentar las responsabilidades dentro del Estado colombiano. El documento señala que la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos —país que adelantó parte de la investigación con mayor celeridad que Colombia—, es fundamental para desenredar los cabos sueltos que aún persisten.
Además, el Ministerio de Justicia pidió no solo la identidad del funcionario, sino también los documentos, testimonios y análisis con los que las autoridades estadounidenses lograron establecerla. Esta información, según la solicitud, podría dirigirse al Ministerio o, de manera alternativa, a la Fiscalía General de la Nación.
El Gobierno insiste en que no se trata únicamente de conocer un nombre, sino de acceder a elementos probatorios que permitan avanzar en eventuales procesos administrativos o penales dentro de Colombia.
El caso Odebrecht vuelve al escenario político y judicial
El envío de la carta marca un nuevo episodio en la ya extensa historia del caso Odebrecht en el país. A pesar de que el escándalo estalló hace varios años, múltiples interrogantes sobre quiénes participaron realmente en la red de corrupción siguen sin respuesta. La figura del “Funcionario Colombiano 3” se había mantenido en un limbo informativo, entre rumores y especulaciones, pero sin avances oficiales.
La decisión del Gobierno Petro apunta a resolver, con apoyo internacional, uno de los vacíos más significativos en el expediente del caso. Si Estados Unidos accede a compartir la información, podría abrirse una nueva etapa de investigaciones que comprometerían a altos exfuncionarios y permitirían reconstruir de manera más precisa cómo operó Odebrecht dentro del Estado colombiano.
Por ahora, la administración nacional queda a la espera de la respuesta estadounidense, confiando en que la transparencia y la cooperación judicial entre países permitan esclarecer uno de los capítulos más complejos de la corrupción contemporánea en Colombia.
