Avanza a juicio el proceso contra el exdirector del Dapre por el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo
La Fiscalía General de la Nación radicó este jueves el escrito de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), dentro de la investigación por el presunto esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con esta actuación, el proceso en su contra pasa oficialmente a la fase de juicio.
González, quien actualmente permanece prófugo y cuenta con una circular roja de Interpol, enfrenta cargos por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos. La Fiscalía señala que, durante su paso por el Gobierno y como exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, habría instruido a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, para canalizar sobornos provenientes de contratos de la entidad entre septiembre y octubre de 2023.
Según las pesquisas, González habría ordenado destinar 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, hoy asegurada. De igual forma, el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyde Pinilla, habría trasladado 1.000 millones de pesos a Montería con destino al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, detenido por los mismos hechos.
La Fiscalía sostiene que estos dineros habrían salido de un contrato para adquirir 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en comunidades indígenas de La Guajira, un proyecto que terminó envuelto en acusaciones de corrupción.
La acusación contra González coincide con otras decisiones del ente investigador en el mismo caso, entre ellas las imputaciones anunciadas para los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), quienes serán procesados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
Residencia en Nicaragua y circular roja
Documentos oficiales indican que el mismo 21 de mayo —día en que fue imputado— la Embajada de Colombia en Nicaragua tramitaba la residencia de González en ese país. Los registros muestran que el Gobierno conocía de su estadía allí desde noviembre de 2024.
Más adelante, el 4 de julio, la Fiscalía solicitó a Interpol activar la circular roja, pero la aprobación solo llegó el 22 de septiembre, fecha en la que finalmente se emitió la alerta internacional para su captura.
